La actividad minera ¿sin perjuicio? de la regulación urbanística

Abstract

De acuerdo con la normativa minera, el otorgamiento de Permisos de Investigación, Concesiones de Explotación o la aprobación de cualesquiera proyectos mineros por parte de la Administración con competencias en esa materia, se entienden que lo son sin perjuicio de tercero y no excluyen la necesidad de obtener las demás autorizaciones que con arreglo a otras leyes sean necesarias. Sin realizar un profundo análisis del alcance jurídico de la cláusula "sin perjuicio de tercero" es más que obvio que al promotor minero para realizar su actividad conforme a derecho, le es necesario gestionar y obtener cualesquiera otras licencias, autorizaciones o permisos que sean preceptivas con arreglo a la normativa sectorial correspondiente, en especial las relativas a la normativa urbanística ante el ayuntamiento u oportuna Administración, por lo que cuando esa actividad minera "choca" con la regulación urbanística, nos situamos ante el clásico conflicto de competencias concurrentes compartidas, conflicto que se pretende analizar en la presente comunicación. Si bien apriorísticamente los parámetros o la regulación urbanística no deberían condicionar decisivamente la resolución de los expedientes mineros, no es menos cierto que en su tramitación, la Administración minera no puede llegar al extremo de ignorar determinados impedimentos absolutos de tipo urbanístico, especialmente cuando este tipo de impedimentos aparecen acreditados de forma palmaria y evidente, puesto que daría lugar a que las autorizaciones a dictar en este tipo de expedientes fueran superfluas o un mero ornamento para realizar actividades mineras respecto de las que se conoce de antemano su inviabilidad.