La invisibilidad del sector minero en la tramitación de los instrumentos urbanísticos

Abstract

Históricamente el sector de la minería en general y el de los áridos en particular, partían de la base de un imperialismo competencial de la minería sobre el resto del ordenamiento administrativo que le pudiese ser de aplicación, y así, mayoritariamente se prescindía o se obviaban las licencias municipales u otras autorizaciones, al entenderse que lo que se preceptuase por parte de la Autoridad Minera era requisito necesario y suficiente para llevar a cabo conforme a derecho un aprovechamiento minero. Sobre la base del principio de las "competencias compartidas concurrentes" es más que obvio la necesidad de licencia municipal y urbanística para las actividades mineras, sin prejuicio de las autorizaciones a otorgar por la Administración Minera como órgano sustantivo, o de aquellas otras que tuviesen competencia sobre la materia. Las decisiones que se adoptan desde el punto de vista urbanístico o de la ordenación de territorio, en cuanto concepto globalizador que supone la fijación de previsiones para el futuro de los procesos productivos que desarrolle el hombre, incluidas las actividades mineras, en múltiples ocasiones no se conectan con la realidad "minera" de los hechos que han de regular, lo que ha conllevado a numerosas confrontaciones y contradicciones entre la minería y el urbanismo. Sin embargo a la hora de redactar y aprobar los instrumentos urbanísticos o de ordenación del territorio que pueden conllevar e implicar decisiones directas o transversales que restringen o prohíben actividades de carácter minero, y salvo honrosas excepciones, se puede afirmar que existe una manifiesta invisibilidad de los promotores mineros y resto de actores del sector que generalmente no participan en el proceso de toma de decisiones de tipo urbanístico, y si lo hacen no son tomados en cuenta. (...) La comunicación pretende poner de manifiesto la necesidad de adoptar medidas encaminadas a una mayor participación del sector minero mediante la presentación de alegaciones, y en su caso colaboración con las Administraciones en la redacción de los instrumentos urbanísticos, para que conseguir que en estos planes se establezcan categorías de suelo que permitan su uso para el aprovechamiento minero y futura restauración, o que al menos a priori no prohíban con carácter genérico las actividades mineras. Es preciso que el sector minero abandone su invisibilidad en el ámbito urbanístico y que participe activamente en las fases de información pública o incluso en la elaboración de los instrumentos urbanísticos al objeto de cohonestar la realidad minera, geológica e histórica con la regulación urbanística que se pretende realizar, sin que exista subordinación de la Minería sobre el Urbanismo o viceversa.